Desde este espacio político respaldaron el rechazo de 4 facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a los fondos mineros e exigieron al Consejo Superior que actúe de la misma manera. “Consideramos que es una vergüenza que se pretenda suplir las obligaciones del Estado con fondos provenientes de una empresa que daña el ambiente y la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas” dijeron. 
La polémica abierta al interior de la UNER por la aceptación, por parte del Consejo Superior, de los fondos provenientes de la explotación de la mina La Alumbera en agosto pasado sigue sumando expresiones de rechazo de los distintos actores sociales y políticos de nuestra provincia. En esta ocasión, desde el ARI – Coalición Cívica han criticado fuertemente esta medida “en tanto daña profundamente la autonomía de las universidades nacionales, intenta esconder el debate real sobre la apremiante necesidad de un aumento inmediato y real en el presupuesto universitario, y -lo que es peor- intenta suplir las obligaciones del Estado con fondos provenientes de una empresa que daña el ambiente y la salud de miles de ciudadanos y ciudadanas del norte de nuestro país” expresaron.
En este sentido, saludaron el rechazo a los fondos mineros por parte de las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Ingeniería y Bromatología e instaron a “aunar esfuerzos en la lucha por un modelo de universidad pública bajo principios éticos que busquen la transformación del medio en el que vivimos y la justicia social”.
“El fin de ninguna manera justifica los medios, y en esta cuestión en particular, pareciera que le están haciendo caso a Maquiavelo” declaró Adriana de la Cruz de Zabal, ex convencional constituyente de la Coalición Cívica, haciendo referencia al rol del Consejo Superior de la UNER. “Quienes están al frente de ámbitos de decisión, tienen una doble carga de responsabilidad: en palabras de Leandro Boff, debemos aplicar la ética del cuidado (mutuo y con el ambiente), un cuidado que debe ser responsable”. Así, instó a dicho órgano a “rever la decisión tomada” y a rechazar los fondos “cuyo carácter espurio es inobjetable” y que, además, no ayudan a resolver los problemas económicos de fondo de la universidad pública.
Por otro lado, Maximiliano Gómez, referente de la juventud del ARI – Coalición Cívica y estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la UNER expresó que es fundamental que la universidad renueve su compromiso social y político con la comunidad denunciando que emprendimientos mineros como La Alumbrera “producen daños ambientales muy severos a costa del saqueo de los recursos estratégicos de nuestra Nación, dejándonos a cambio, solamente, muerte y contaminación”, comentó.
A su criterio, el Estado debe pensar en nuevas herramientas tendientes a asegurar el derecho a vivir en un ambiente sano, nacionalizar nuestros recursos minerales y derogar (a través del Congreso Nacional) toda disposición jurídica que “permita la explotación minera a cielo abierto y este tipo de atrocidades, colocando a la universidad en una situación de chantaje no vista con anterioridad” finalizó diciendo.
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