Por Jorge Daneri
El veto a la Ley de protección de los Glaciares esconde en realidad, la profundización de la aplicación del mal llamado tratado Minero con Chile, en razón de ser un tratado minero con las gigantes empresas del sector transnacional, o mejor aún, un tratado de dichas empresas.
El veto a esta Ley, que su sanción fue una celebración para los movimientos sociales y ambientales, y también productivos a escala humana en la Cordillera y el País (vinos y otros), demuestra que la agenda del gobierno se sustenta sobre las normas aprobadas por el menemismo, y que si o si se deben profundizar, como es este caso, operativizadas por medio del Plan Nacional Minero aprobado por el ex Presidente K.
El problema aquí es profundamente político. El Congreso parecía había comprendido la gravedad del cambio ambiental global y del cambio climático en particular, lo que determinaba la adopción de medidas de fondo y sustantivamente radicales, como la ley vetada, lograba consagrar.
No se puede hacer un análisis jurídico sobre el veto sin tener claro que el veto es fruto, como el mismo decreto lo indica, de la presión de los socios de las mineras en sus provincias, los gobernadores.
Este Kirchnerismo que manifestaba su impotencia y soledad para luchar frente a Chile por al conflicto de los hielos continentales en el sur, y que fue uno de los fundamentos más sólidos para expresar su apoyo a la lucha de Gualeguaychu, hoy, al vetar esta Ley, esta contradiciendo y traicionando los supuestos intereses que decía sostener frente al conflicto aquel, en la década menemista. Es que los hielos continentales, los glaciares, serán un recuerdo postal.
El tratado minero con Chile, es una vergüenza nacional. No por Chile y su pueblo o las actuales autoridades nacionales. Este tratado Minero, es lo que hoy sustenta que las empresas mineras del Norte, puedan hacer con sus facilitadores gobernadores justicialistas, una presión y negocios de tal magnitud, en el marco de la sociedad presidencial, que logran destruir una ley que posibilitaba la aplicación y cumplimiento de los principios de prevención, sustentabilidad y equidad intergeneracional, sobre el acceso al agua y custodia de sus fuentes en origen. Origen por cierto milenario, que estas formas de saqueo institucional, lograrán destruir, de continuar esta actitud política de devastación ambiental e institucional.
Entonces el decreto y el pensamiento y acción K es muy claro. Entre las mineras y sus negocios, y estos principios de la ética del cuidad y la sustentabilidad, no existen dudas. Vamos por más Saqueo. Este veto, la conducta que expresa, en el país que deberíamos ser, significaría un escándalo político de un volumen mayor. Sería fantástico e indicaría que en la Argentina algo podría estar cambiando, si la Asamblea Legislativa rechazara el veto. Pero es solo, hoy, un sueño, aún.