La Coalición Cívica ARI fijo posición ante el aumento del boleto de colectivo de Paraná, que comenzará a regir el próximo mes de agosto. El partido que preside el rosarino Pablo Javkin se refirió a “una nueva afrenta” para los vecinos de la ciudad.
Tal como lo afirmamos el pasado 11 de julio, “el anuncio de un nuevo aumento del boleto de colectivo en la ciudad es un gravísimo error por parte de la nueva gestión, por poner una vez más el carro delante del caballo”.
Los compromisos contraídos en el decreto que autorizó el último aumento están muy lejos de cumplirse. ¿Cuándo las empresas van a comprender que la ley está para cumplirla y no para violarla constantemente? ¿Dónde está el boleto electrónico, el cumplimiento del servicio diferencial hasta las 2 de la mañana los viernes, sábados y vísperas de feriado, el efectivo control de las frecuencias, la unificación de la cartelería de los coches y la refacción integral de las paradas?.
Toda esta situación es de una gran irresponsabilidad institucional y una falta de respeto absoluto por los derechos de los ciudadanos, ya que todos los anuncios son grandes y auténticas mentiras. De hecho, al asumir la actual gestión dio la orden de ocultar la información generada por la Central de Tránsito y Transporte a través del sistema GPS a los medios de comunicación para evitar que la gente continúe conociendo las continúas demoras y faltas de coches que nunca son sancionados por parte del Estado Municipal. Ahora que la ifnroamción ha sido nuevamente publicada, se pueden observar diariamente los extensos períodos de espera y la faltante de coches en casi todas las líneas.
Además, el aumento impacta con mayor profundidad en los sectores más desprotegidos, como los empleados municipales que no han tenido ninguna clase de actualización salarial, o en los estudiantes terciarios y universitarios, cuyos costos se han disparado producto de la inflación.
Con estos hechos, queda absolutamente demostrada la complicidad entre los empresarios, los funcionarios municipales y los sindicatos: los primeros se han beneficiado todos estos años con subsidios millonarios y se valieron del paro de choferes como mecanismo de presión para obtener una suba de la tarifa, a pesar de que la medida de fuerza se llevó a cabo fuera de los plazos legales (aconteció el 6 de este mes por la falta de pago del aguinaldo, el cual por ley se debe abonar entre el 1 y el 10). Asimismo, ¿dónde quedan las palabras de la intendenta que salió a desmentir el aumento días atrás, bajo el argumento de que “la prioridad es la mejora de la calidad del servicio”?.
Párrafo aparte se merece la actuación de la Defensoría del Pueblo, que con la presencia de su titular en la firma del acta acuerdo que habilita la suba del boleto, convalida un hecho injusto y que roza la ilegalidad, teniendo en cuenta que hay decenas de presentaciones de ciudadanos realizadas en esta institución reclamando sobre las múltiples falencias del servicio de transporte público de la capital provincial que no han recibido respuesta por parte de los organismos competentes.
