Desde la mesa de conducción política de la Coalición Cívica ARI local consideraron que el aumento del boleto de colectivo “es injusto, casi descomunal, y significa un nuevo retroceso para la población en su conjunto, especialmente para los trabajadores, los jubilados y los sectores más postergados”. El ARI hace referencia al incremento que empezó a regir desde el lunes y que llevó al boleto general de $1,50 a $2 (un incremento del 33,3 %). Ante esto, y señalando una serie de incongruencias en la hechura del decreto que autoriza la suba, la conducción del partido estudia recurrir a la Justicia para que se declare “nula” la norma.
En un comunicado de prensa, la Coalición Cívica ARI recordó que “en las audiencias públicas se pusieron de manifiesto la enorme cantidad de falencias del servicio y los incumplimientos, específicamente en lo relacionado con lo acordado al momento de renovar la concesión, la reparación integral de las paradas de colectivo y la unificación de la cartelería de las distintas líneas, el control integral vía GPS para evitar las excesivas demoras y la implementación del Fondo de Ahorro para la Adquisición de Nuevas Unidades, nunca creado, informado ni publicado, más allá de lo que indicaba el decreto 1.296/08 que le dio origen” (que aumentó el boleto general a $ 1,50 y el boleto estudiantil a $ 0,75), se señala.
CONCEJO. Por otro lado, desde el ARI se insistió con que el “debate debe ser en el seno del Concejo Deliberante” por estar allí representados otros sectores de la comunidad, además de quienes responden al partido de gobierno. “Esperemos que esta discusión pueda ser efectivamente articulada, a los fines de clarificar las condiciones del servicio y exigir mayor calidad, por lo que los concejales tienen un rol fundamental, especialmente aquellos que participaron en las audiencias y se manifestaron en contra del aumento: ahora es su turno de actuar en consecuencia”, dijo el dirigente de la juventud del ARI Maximiliano Gómez.
“Es especialmente grave que el intendente reconozca –en los considerando del decreto que autorizó la suba actual– las falencias del servicio y las múltiples quejas expresadas por la ciudadanía, y que a pesar de esto, permita el aumento”, sostuvo Jorge Signorelli, de la mesa local de la CC-ARI. “Aumentar por decreto es una actitud claramente antirrepublicana, que roza lo autoritario, y encima va en contra de los intereses de los sectores populares que el PJ dice defender y representar” denunció.
A LA JUSTICIA. El ARI anunció además que en los próximos días darán a conocer las medidas administrativas y judiciales que tomarán sobre este tema, para evitar una “nueva trampa” a la población paranaense. “Es sustancialmente grave que se dé el aumento a cambio de una serie de promesas, cuando ya arrastramos los incumplimientos anteriores (fácilmente verificables), como la no instalación de la sala de control y monitoreo del GPS, varias veces anunciada pero nunca concretada”, comentaron. “Esto podría volver absolutamente nulo el decreto, y de ser necesario, deberemos recurrir a la Justicia para demostrarlo”, se dijo desde conducción del partido.
Los dirigentes se refieren al decreto 1.048/10 que fijó la nueva escala tarifaria. Allí se hace referencia a la audiencia pública, a las denuncias y las quejas de los usuarios, pero se considera sin embargo que el servicio “ha mejorado” y se declaran “cumplimentadas” las condiciones que se les pusieron a los transportistas en 2008 para que pudieran pedir un nuevo aumento. Lo que dice el ARI es que, contrariamente a lo que se afirma en el decreto firmado por el intendente José Carlos Halle, es que estas cláusulas no se habrían llevado adelante cabalmente.
Fuente: EL DIARIO
En un comunicado de prensa, la Coalición Cívica ARI recordó que “en las audiencias públicas se pusieron de manifiesto la enorme cantidad de falencias del servicio y los incumplimientos, específicamente en lo relacionado con lo acordado al momento de renovar la concesión, la reparación integral de las paradas de colectivo y la unificación de la cartelería de las distintas líneas, el control integral vía GPS para evitar las excesivas demoras y la implementación del Fondo de Ahorro para la Adquisición de Nuevas Unidades, nunca creado, informado ni publicado, más allá de lo que indicaba el decreto 1.296/08 que le dio origen” (que aumentó el boleto general a $ 1,50 y el boleto estudiantil a $ 0,75), se señala.
CONCEJO. Por otro lado, desde el ARI se insistió con que el “debate debe ser en el seno del Concejo Deliberante” por estar allí representados otros sectores de la comunidad, además de quienes responden al partido de gobierno. “Esperemos que esta discusión pueda ser efectivamente articulada, a los fines de clarificar las condiciones del servicio y exigir mayor calidad, por lo que los concejales tienen un rol fundamental, especialmente aquellos que participaron en las audiencias y se manifestaron en contra del aumento: ahora es su turno de actuar en consecuencia”, dijo el dirigente de la juventud del ARI Maximiliano Gómez.
“Es especialmente grave que el intendente reconozca –en los considerando del decreto que autorizó la suba actual– las falencias del servicio y las múltiples quejas expresadas por la ciudadanía, y que a pesar de esto, permita el aumento”, sostuvo Jorge Signorelli, de la mesa local de la CC-ARI. “Aumentar por decreto es una actitud claramente antirrepublicana, que roza lo autoritario, y encima va en contra de los intereses de los sectores populares que el PJ dice defender y representar” denunció.
A LA JUSTICIA. El ARI anunció además que en los próximos días darán a conocer las medidas administrativas y judiciales que tomarán sobre este tema, para evitar una “nueva trampa” a la población paranaense. “Es sustancialmente grave que se dé el aumento a cambio de una serie de promesas, cuando ya arrastramos los incumplimientos anteriores (fácilmente verificables), como la no instalación de la sala de control y monitoreo del GPS, varias veces anunciada pero nunca concretada”, comentaron. “Esto podría volver absolutamente nulo el decreto, y de ser necesario, deberemos recurrir a la Justicia para demostrarlo”, se dijo desde conducción del partido.
Los dirigentes se refieren al decreto 1.048/10 que fijó la nueva escala tarifaria. Allí se hace referencia a la audiencia pública, a las denuncias y las quejas de los usuarios, pero se considera sin embargo que el servicio “ha mejorado” y se declaran “cumplimentadas” las condiciones que se les pusieron a los transportistas en 2008 para que pudieran pedir un nuevo aumento. Lo que dice el ARI es que, contrariamente a lo que se afirma en el decreto firmado por el intendente José Carlos Halle, es que estas cláusulas no se habrían llevado adelante cabalmente.
Fuente: EL DIARIO
