Por Maximiliano Gómez (*)En el día de la fecha, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner emitió el discurso de apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, donde se suponía debía brindar un balance del primer año de gestión y, esencialmente, dar un mensaje sobre la situación económica y social del país frente a la crisis financiera internacional. 
Es muy triste haber visto como la primera mandataria de nuestra Nación insiste –una vez más- con prácticas discursivas inexactas y falaces, con una alta dosis de agresividad que solo buscan la confrontación permanente, sin reconocer desaciertos o errores frente a situaciones que se podrían haber sorteado de otra manera. Un claro ejemplo de esto fue la nueva embestida contra el sector agropecuario y la clase media, cuando acusó a ambos sectores de no ser consecuentes con sus principios: a los primeros, les dijo que eran los únicos que podían subsistir sin comercializar su producción (en referencia al último paro del campo) y a los segundos, que algo estaba funcionando mal como sociedad, puesto que habían apoyado a quienes proclamaban posturas contrarias a la equidad social y la justicia distributiva, siendo que su gobierna siempre postuló que “los que tienen más, deben pagar más” (en otra clara muestra de su profundo rencor por la clase media urbana que apoyó constantemente el reclamo del campo el año pasado durante el conflicto desatado por la resolución 125).
Así, sin inmutarse, con una carga de demagogia que ya no sorprende, la presidenta continuó su discurso defendiendo el modelo de “acumulación y distribución del ingreso” (como lo definió) que logró que la Argentina creciera 6 años de manera récord. Lamentablemente, tantos logros y números no pueden ocultar la profunda crisis social que viene atravesando nuestro país, especialmente el interior profundo que ella, evidentemente, no conoce, ese interior al que humilla a través de la chequera diseñada para poner de rodillas a gobernadores e intendentes. Justamente, ese interior profundo de la Argentina, fuente de trabajo para millones de compatriotas y centro del crecimiento económico que nos ha permitido salir a flote, hoy está en jaque por el desmantelamiento sistemático y atroz del aparato productivo, provocando en consecuencia una profunda y preocupante paralización general, que en centros urbanos no alcanzamos a percibir aún.
Otra muestra de demagogia fue el intento de defensa de la mentirosa ley de Movilidad Jubilatoria, que es cualquier cosa, menos una ley que sirva recomponer los haberes de nuestros jubilados y pensionados, el sector más postergado de todos. Si tanto le preocupara la calidad institucional a la señora Presidenta, debería comenzar por respetar el valor de la palabra -si es que aún tiene alguna clase de valor para ella- y pedirle la renuncia a su Jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien puso a disposición su cargo ante el Congreso, en diciembre pasado, si el porcentaje resultante de la fórmula vigente era inferior al 15%. Pero de mentiras se sostiene el gobierno de los Kirchner.
Párrafo aparte merece su alusión a la situación de la educación pública, específicamente a los conflictos docentes desatados en varias provincias a partir del no inicio de las clases. En vez de impulsar desde el Estado Nacional un acuerdo intersectorial que contemple un aumento significativo de la inversión educativa (destinado a una recomposición significativa de los magros sueldos docentes y a infraestructura) y una reparación del contrato pedagógico, que dignifique el rol del maestro, el otro gran problema que padece la educación argentina contemporánea. Pero nada de eso parece preocuparle a la Presidenta, envuelta en las luchas por el poder y la supervivencia política.
Por lo tanto, a la demagogia y la mentira, se suman el silencio y la despreocupación ante los problemas que –aparentemente- nunca ocuparán un lugar destacado en la agenda del gobierno, y particularmente, de la Presidenta. La persistente inflación que sigue devorando el poder adquisitivo de los trabajadores y acaba con las expectativas de ascenso social, la falta de un marco regulatorio integral de los servicios públicos, la inexistencia de una política ambiental seria, la falta de control de las anunciadas medidas sobre el plan canje de los productos de línea blanca (que casi no se cumple fuera de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires) y la nula referencia a cambios concretos en el sistema impositivo, tan o más regresivo que en la década de los ’90.
Solo el anuncio sobre el pronto envío de la nueva Ley de Radiodifusión al Congreso puede destacarse como un hecho significativo, aunque sea recibido con cautela, especialmente porque su esposo Néstor Kirchner fue quien –días antes de terminar su mandato- autorizó la concentración de los dos cableoperadores más importantes, Multicanal y Cablevisión, en manos del Grupo Clarín, consolidando un auténtico monopolio en el mercado de las comunicaciones.
De esta manera, la Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, gobernada por un grupo de demagogos que no parecen medir las consecuencias de su viaje a la nada más absoluta, donde solo reinan la mentira y un doble discurso atroz que, más temprano que tarde, caerá por su propio peso.
El autor es estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política (FTS - UNER) y miembro de la juventud del ARI - Coalición Cívica
